La llegada del PAN al Gobierno Federal en el 2000 y a un número importante de gubernaturas y presidencias municipales en los últimos 10 años, se pondrá en la lupa de las estadísticas nacionales y locales. Los aspectos sociales y económicos de las familias, así como las variantes en educación, empleo, salud, servicios y calidad de vida, entre otros, comenzarán un proceso de revisión casa por casa.
Es evidente como los problemas de pobreza, desempleo, rezago educativo, sobrepoblación, falta de una mejor distribución de la riqueza, inseguridad pública, debilitamiento de la seguridad social y de los servicios médicos, además de la migración e inmigración transfronteriza, cambios en la curva de edad, natalidad y esperanza de vida, y de los movimientos poblacionales urbano-campesinos, seguirán siendo referentes de la nación y su proyecto.
La llegada de Eduardo Sojo al INEGI, ha comenzado a generar suspicacias por su alta responsabilidad de mostrarnos algo que metodológicamente él conoce muy bien, la evaluación de las políticas públicas o en otras palabras, el resultado en datos, indicadores, información y resultados, de las estrategias de los gobiernos panistas.
Sojo presentó el documento “Perspectiva del XIII Censo de Población y Vivienda del año 2010 de México” ante la División de Estadísticas de la ONU. En éste detalló cómo se requería de un presupuesto de 6,541.1 millones de pesos, sin embargo en la Iniciativa turnada por el Ejecutivo Federal, se asigna para la elaboración del Censo 4,592.1 millones de pesos, presupuesto por cierto incrementado por los Diputados. Éste hecho ha propiciado reuniones relativas al XIII Censo, participando el INEGI, el Colegio de México, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y la Sociedad Mexicana de Demografía, para discutir la presentación de los cuestionarios básicos y ampliados.
La idea es disminuir el número de preguntas del cuestionario a menos de la mitad, de 55 a 23, incluidas algunas fundamentales como la actividad económica, de que vive la gente, la situación conyugal o la condición de los pueblos indígenas. Esto preocupa porque no sabemos si la reducción de preguntas implique algún tipo de carencia, distorsión o error, intencionado o no, en los análisis sobre la información.
Si el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado determina una cantidad menor, difiriendo la Cédula de Identificación Ciudadana estimada en 1,700 millones, nos da una suma de 6,292.1 millones de pesos, posiblemente soportado el resto por transferencias internas del propio INEGI por 249 millones o alguna estrategia de economías, ahorros, reasignaciones o atracciones hacia fideicomisos privados. La Cédula de Identidad es para atender la instrucción del Club Bilderberg a propuesta de David Rockefeller y establecer una auténtica ficha de control individual, según la idea visualizada por George Orwell.
La prioridad como país debe ser conocer la realidad de nosotros mismos, para la autocrítica, evaluación o la redefinición del rumbo nacional y no que sepan de nosotros individualmente. Por ello el disgusto de la Asociación Mexicana de Demografía, quienes expresan ser “mil veces preferible tener un Censo retrasado pero que sirva”, manifestando no ser un problema de costos sino de “no querer mostrar la verdadera cara del país”.
La credibilidad del INEGI, sus funcionarios y los resultados del Censo podrían estar en entredicho antes de comenzar la captura de datos, a menos que se cuide la calidad, veracidad, amplitud y congruencia de la información a presentar.
Héctor Luna de la Vega
CEINPOL
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