ACTA te quiere vigilar

Por un lado, están los intereses de grandes corporaciones de la industria de la propiedad intelectual. Por el otro, está en juego la privacidad y el paraíso de libertades que representa Internet para sus usuarios.

Las negociaciones de un acuerdo multilateral que pretende combatir la piratería podría cambiar la manera en que se utiliza la Red. Mientras unos quieren impedir la violación de los derechos de propiedad intelectual, otros ven amenazadas las libertades civiles elementales asociadas a Internet. Y la más importante es la privacidad.

Hasta ahora, las pláticas en torno a este acuerdo se han realizado a puerta cerrada, en secrecía, sin transparencia. Sobre la mesa solo están los argumentos e intereses de una de las partes involucradas. La voz de los usuarios/consumidores ha sido relegada.

¿Qué es ACTA?

En 2007, presionados por la industria de los derechos de autor, Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Suiza y Japón dieron a conocer en forma conjunta el inicio de las negociaciones del Acuerdo Comercial Antifalsificación, conocido como ACTA por sus siglas en inglés.

Según un documento que dio a conocer la UE, el objetivo del ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) es “establecer normas internacionales para la aplicación de los derechos de propiedad intelectual a fin de combatir más eficazmente el creciente problema de la falsificación y la piratería”.

El convenio comprende la “cooperación internacional”, nuevas “prácticas de control” y un “marco legal” para combatir la proliferación de infracciones a la propiedad intelectual.

A esta serie de negociaciones se han sumado Australia, Canadá, Corea, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y México, país sede de la Séptima Ronda de Negociaciones que se llevará a cabo del 26 al 29 de enero en Guadalajara.

El ACTA se compone de seis capítulos, pero el que ha causado más controversia y debate es el referente a la "Ejecución de los derechos de la propiedad intelectual en los medios digitales". Y esto tiene que ver con la creación de un "Marco legal sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual" en Internet.

El problema

La comercialización de productos piratas o falsificados es una amenaza permanente para la propiedad intelectual.

Esfuerzos bilaterales y multilaterales para erradicar la piratería se han negociado como parte de acuerdos comerciales y de seguridad entre países.

El esfuerzo multilateral más reciente es el ACTA, y los gobiernos involucrados están siendo presionados por los grandes corporativos de la industria del copyright para combatir la falsificación y venta de sus productos, que incluyen desde cosméticos hasta música y películas.

Según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el comercio internacional de productos pirata genera 215 mil millones de dólares anuales. Tan solo en la UE, en 2007 fueron incautados 79 millones de artículos pirata en las fronteras de los países miembros.

Lo que preocupa a los gobiernos europeos es que entre 2007 y 2008 aumentó el decomiso de productos pirata que son “peligrosos para la salud”. Por ejemplo, la confiscación de cosméticos y productos de aseo personal falsificados subió 264 por ciento; la de juguetes, 98 por ciento; la de alimentos, 62 por ciento; la de equipo computacional, 62 por ciento, y la de medicinas, 51 por ciento.

Pero en la era postNapster, los defensores de la propiedad intelectual han detectado una nueva amenaza, además de la piratería organizada. Los enemigos de hoy son los usuarios de Internet que utilizan el software P2P o Torrents para compartir archivos de música o video.

Los enemigos

La International Intellectual Property Alliance (IIPA) es una de las organizaciones privadas que están impulsando el ACTA. Ese organismo representa los intereses de las industrias de derechos de autor de Estados Unidos.

Desde la era Napster, asociaciones como la Motion Picture Association of America (MPAA) y la Recording Industry Association of America (RIAA) se han convertido en los peores enemigos de los usuarios de Internet que intercambian archivos multimedia en la Unión Americana.

Un ejemplo paradigmático es el caso Capitol vs. Thomas, primera demanda de una disquera contra un usuario de P2P por violar los derechos de autor. La RIAA detectó que Jammie Thomas-Rasset compartía mil 702 canciones a través de Kazaa, un software de P2P para distribuir archivos. En abril de 2006, la disquera la demandó por haber compartido 24 canciones.

Jammie perdió el juicio, y el jurado resolvió que debía pagar daños estatutarios valuados en 9 mil 250 dólares por canción. La defensa apeló, pero la acusada volvió a perder en mayo de 2009. Entonces, el juez elevó el monto de la multa a 80 mil dólares por canción, lo que equivalía a un total de 1.92 millones de dólares. Eso es lo que Jammie, de 32 años, le debe a Capitol Records por haber bajado y compartido 24 títulos musicales.

Actualmente la defensa de Jammie está promoviendo una acción de inconstitucionalidad "excesiva" por el monto "irrazonable" de lo que debe por canción.

Gente afín a la RIAA se ha colocado en puestos importantes dentro de la administración de Barack Obama, lo que demuestra el buen trabajo de cabildeo que hace la industria de la música.

En el Departamento de Justicia, por ejemplo, Obama designó a Tom Perelli y Donald Verrilli como adjuntos del fiscal general. El detalle que no hay que perder de vista es que Verrilli fue el abogado de la RIAA en el caso de Jammie Thomas-Rasset.

Reporte Índigo