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Eliminar discusión La tasa de desempleo de 6.12% de la PEA fue causada por las vacaciones de verano, dice
Inegi: ya suman 2.8 millones las personas desocupadas en México
Durante este gobierno se han agregado casi 1.2 millones de personas que buscan contratarse
Según el secretario del Trabajo, el país tiene una de las tasas más bajas de AL y la OCDE
Imagen de la entrega de tarjetas para cobrar seguro de desempleo que realizó el jefe del Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, en diciembre de 2007Foto José Antonio López
Juan Antonio Zúñiga y Patricia Muñoz Ríos
La desocupación afectó en julio a 6.12 por ciento de la población económicamente activa (PEA) del país, la tasa más elevada desde febrero de 1996, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Con esto, la desocupación en México alcanzó en julio una dimensión histórica de 2 millones 800 mil personas de 14 años y más, quienes realizan acciones infructuosas para encontrar algún empleo, luego de que en el transcurso de esta administración gubernamental casi un millón 200 mil personas más se incorporaron a las filas del desempleo abierto.
Según los informes del organismo, entre diciembre de 2006 y julio de 2009 la población desocupada se ha incrementado en 74.7 por ciento, pues al inicio de esta administración la desocupación afectaba a un millón 600 mil personas, que representaban 3.47 por ciento de una población económicamente activa de 44 millones 447 mil habitantes.
El aumento en el número de personas en desocupación fue atribuido por el Inegi a un fenómeno de “estacionalidad” que se presenta cada año, dijo, por el periodo de vacaciones de verano.
Apuntó el organismo: “cabe señalar que en todos los años la mayor estacionalidad en la tasa de desocupación se presenta en los meses de julio y agosto como resultado, principalmente, del incremento en la presión que ejercen los jóvenes al buscar trabajo en los periodos vacacionales. Particularmente, en los últimos años la estacionalidad más alta se ha registrado en los meses de julio”.
Quizá porque los jóvenes de las ciudades no salieron a vacacionar en este verano y decidieron buscar un empleo, que no encontraron, la desocupación en las 32 principales ciudades del país extendió su ámbito de afectación a 7.68 por ciento de la población económicamente activa que vive en esos centros urbanos, una tasa de desempleo sin referentes históricos.
La tasa de desempleo abierto más cercana fue la de 7.60 por ciento de la PEA urbana registrada en el verano de hace 14 años, en agosto de 1995, precisamente cuando la economía mexicana resentía el segundo embate de la segunda recesión más crítica del siglo XX.
En materia de ocupación, el Inegi indicó que los datos preliminares señalan que en julio reciente 59 por ciento de la población de 14 años y más es económicamente activa, pues está ocupada o busca estarlo.
De esa proporción, precisó, la población ocupada representó 93.88 por ciento de la PEA, con las siguientes características: en los servicios se concentró 41.8 por ciento del total; en el comercio, 19.5; en las empresas de manufacturas, 15; en las actividades agropecuarias, 14; en la construcción, 8; en “otras actividades económicas”, que incluyen minería y electricidad, agua y suministro de gas por ductos, uno por ciento, y el 0.7 por ciento restante no especificó actividad.
Según su posición en la ocupación, 64.7 por ciento de la población ocupada se identificó como asalariada, es decir, como trabajador subordinado y remunerado; 23.5 por ciento como trabajador por cuenta propia, y 7.4 como trabajador sin pago. En tanto, 4.4 por ciento correspondió al grupo de empleadores.
La desocupación “no se debe a pérdida de empleos”
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sostuvo que la tasa de desocupación de 6.12 por ciento que reportó el Inegi “no se debe una pérdida de empleos” por la crisis, sino a que siempre en estos meses de julio y agosto “se registra una presión adicional al mercado laboral, de los estudiantes en el periodo vacacional”.
La dependencia que encabeza el secretario Javier Lozano Alarcón envió un comunicado en el que asegura que no es que se estén perdiendo más trabajos por la recesión, sino que “un mayor número de personas que hasta hace poco eran inactivas buscaron ocupación”.
A fin de responder a los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía sobre la ocupación y el empleo en el mes de julio, la STPS señaló que la tasa de desocupación en México “se ha mantenido como una de las más bajas de América Latina”, e incluso también entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde el promedio es superior a 8 por ciento.
Para defenderse de los señalamientos respecto de que la tasa de desocupación es manipulada, indicó que esta medición “está basada en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo”, por lo que es “comparable internacionalmente”, y destacó que mientras en México este porcentaje se ubica en 6 por ciento, en países como “Brasil y Argentina supera el 8 por ciento”.
Subrayó que la tasa de desocupación más alta en la historia del país “ha sido la del segundo trimestre de 1995, cuando alcanzó 6.86 por ciento, y este porcentaje se alcanzó por una gran pérdida de empleos por efectos de la crisis económica interna”.
A diferencia de ello, el nivel de desocupación alcanzado en el mes pasado no se debe a una pérdida de empleos, sino a que siempre en los meses de julio y agosto hay más demanda de trabajo porque los estudiantes están en su periodo vacacional, argumentó la dependencia. “En otras palabras, un mayor número de personas que hasta hace poco eran inactivas buscaron una ocupación”, planteó
Las cifras de la STPS arrojan que también disminuyó la población subocupada en 1.13 por ciento, respecto de junio de este año. “Lo que quiere decir que se registró un mayor número de personas que encontraron un trabajo de tiempo completo con respecto del mes pasado”, observó.
La Jornada Jueves 27 de agosto de 2009
jueves, 27 de agosto de 2009
Ministros seguirán por encima del sueldo presidencial
Lo que resta de 2009 seguirán percibiendo más de $340 mil mensuales, incluidas prestaciones
La ley de salarios máximos es letra muerta para ministros y magistrados
Su ingreso es casi igual al de Barack Obama
La reforma constitucional entró en vigor el martes
Se ordena que ningún funcionario deberá ganar más que el Presidente de la República
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y magistrados electorales del Poder Judicial de la Federación (PJF), quienes perciben al mes más de 340 mil pesos, entre salario y prestaciones, casi igual a lo que recibe el presidente de Estados Unidos, Barack Obama (32 mil dólares mensuales), seguirán ganando lo mismo en lo que resta de este año, pese a la entrada en vigor, el pasado martes, de la reforma constitucional que adiciona a la Carta Magna la denominada ley de salarios máximos, misma que ordena que ningún funcionario deberá ganar más que el Presidente de México.
Incluso, durante los próximos cinco meses el Poder Judicial tampoco reducirá salarios ni eliminará bonos de productividad y otras prestaciones para magistrados, jueces y funcionarios de menor jerarquía, que en algunos de los casos lleva sus emolumentos por arriba de lo que percibe el presidente Felipe Calderón (unos 150 mil pesos al mes).
Lo anterior es así porque el decreto de reforma el artículo 127 de la Constitución (publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado lunes), que fija los nuevos topes salariales de los servidores públicos, incluyó varias normas transitorias que especifican que el Poder Legislativo cuenta con 180 días hábiles para emitir leyes adjetivas que especifiquen cómo se deben aplicar las nuevas reglas sobre salarios de los servidores públicos.
De hecho, si antes de noviembre próximo los diputados federales no tienen lista la legislación secundaria en esa materia, los dos nuevos ministros que habrán de sustituir a Genaro David Góngora Pimentel y a Mariano Azuela en la Suprema Corte ganarán lo mismo que hoy perciben sus demás compañeros del máximo tribunal del país, según explicó anoche en entrevista con La Jornada el constitucionalista Elisur Arteaga Nava.
En ese contexto, el martes pasado el consejero de la Judicatura Federal Jorge Moreno Collado y la presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís, entrevistados al término de la inauguración de las actividades del bicentenario en las instalaciones de la Corte, coincidieron en señalar que el PJF no bajará los sueldos y prestaciones de sus funcionarios sino hasta que se apruebe una ley complementaria a la ley de salarios máximos que regule al Poder Judicial.
“No es que así lo ordenemos nosotros, sino que así quedó estipulado en la (reciente) reforma constitucional sobre los salarios de los funcionarios”, explicó Moreno Collado.
Manifestación de protesta realizada ayer frente a la SCJNFoto María Meléndrez Parada
En ese sentido, la fracción segunda del artículo 127 de la Constitución (cuya reforma entró en vigor hace dos días) ordena que “ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.
Sin embargo, el tercer transitorio del mismo artículo especifica: “A partir del ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor el presente decreto, las percepciones de los ministros de la SCJN, los magistrados del TEPJF, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los consejeros de la Judicatura Federal, los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los magistrados y jueces de los poderes judiciales estatales que actualmente estén en funciones, se sujetarán a lo siguiente:
“a) Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes superiores al monto máximo previsto en la base II del artículo 127 de la Constitución, se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo.
“b) Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, y cualquier remuneración en dinero o especie, sólo se podrán mantener en la medida en que la remuneración total no exceda el máximo establecido en la base II del artículo 127 de la Constitución”.
No obstante, el cuarto transitorio del mismo artículo reformado refiere: “El Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberán expedir o adecuar la legislación, de conformidad con los términos del presente decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor”.
El constitucionalista Elisur Arteaga consideró que aunque el Legislativo tiene de plazo cinco meses para elaborar la legislación secundaria, “por tratarse de un asunto de urgencia deberían emitir un reglamento en dos meses, previo a que se cumpla el periodo de renovación de los dos nuevos ministros, a fin de que éstos no ganen más que el Presidente de la República”.
La Jornada Jueves 27 de agosto de 2009
La ley de salarios máximos es letra muerta para ministros y magistrados
Su ingreso es casi igual al de Barack Obama
La reforma constitucional entró en vigor el martes
Se ordena que ningún funcionario deberá ganar más que el Presidente de la República
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y magistrados electorales del Poder Judicial de la Federación (PJF), quienes perciben al mes más de 340 mil pesos, entre salario y prestaciones, casi igual a lo que recibe el presidente de Estados Unidos, Barack Obama (32 mil dólares mensuales), seguirán ganando lo mismo en lo que resta de este año, pese a la entrada en vigor, el pasado martes, de la reforma constitucional que adiciona a la Carta Magna la denominada ley de salarios máximos, misma que ordena que ningún funcionario deberá ganar más que el Presidente de México.
Incluso, durante los próximos cinco meses el Poder Judicial tampoco reducirá salarios ni eliminará bonos de productividad y otras prestaciones para magistrados, jueces y funcionarios de menor jerarquía, que en algunos de los casos lleva sus emolumentos por arriba de lo que percibe el presidente Felipe Calderón (unos 150 mil pesos al mes).
Lo anterior es así porque el decreto de reforma el artículo 127 de la Constitución (publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado lunes), que fija los nuevos topes salariales de los servidores públicos, incluyó varias normas transitorias que especifican que el Poder Legislativo cuenta con 180 días hábiles para emitir leyes adjetivas que especifiquen cómo se deben aplicar las nuevas reglas sobre salarios de los servidores públicos.
De hecho, si antes de noviembre próximo los diputados federales no tienen lista la legislación secundaria en esa materia, los dos nuevos ministros que habrán de sustituir a Genaro David Góngora Pimentel y a Mariano Azuela en la Suprema Corte ganarán lo mismo que hoy perciben sus demás compañeros del máximo tribunal del país, según explicó anoche en entrevista con La Jornada el constitucionalista Elisur Arteaga Nava.
En ese contexto, el martes pasado el consejero de la Judicatura Federal Jorge Moreno Collado y la presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís, entrevistados al término de la inauguración de las actividades del bicentenario en las instalaciones de la Corte, coincidieron en señalar que el PJF no bajará los sueldos y prestaciones de sus funcionarios sino hasta que se apruebe una ley complementaria a la ley de salarios máximos que regule al Poder Judicial.
“No es que así lo ordenemos nosotros, sino que así quedó estipulado en la (reciente) reforma constitucional sobre los salarios de los funcionarios”, explicó Moreno Collado.
Manifestación de protesta realizada ayer frente a la SCJNFoto María Meléndrez Parada
En ese sentido, la fracción segunda del artículo 127 de la Constitución (cuya reforma entró en vigor hace dos días) ordena que “ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.
Sin embargo, el tercer transitorio del mismo artículo especifica: “A partir del ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor el presente decreto, las percepciones de los ministros de la SCJN, los magistrados del TEPJF, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los consejeros de la Judicatura Federal, los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los magistrados y jueces de los poderes judiciales estatales que actualmente estén en funciones, se sujetarán a lo siguiente:
“a) Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes superiores al monto máximo previsto en la base II del artículo 127 de la Constitución, se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo.
“b) Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, y cualquier remuneración en dinero o especie, sólo se podrán mantener en la medida en que la remuneración total no exceda el máximo establecido en la base II del artículo 127 de la Constitución”.
No obstante, el cuarto transitorio del mismo artículo reformado refiere: “El Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberán expedir o adecuar la legislación, de conformidad con los términos del presente decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor”.
El constitucionalista Elisur Arteaga consideró que aunque el Legislativo tiene de plazo cinco meses para elaborar la legislación secundaria, “por tratarse de un asunto de urgencia deberían emitir un reglamento en dos meses, previo a que se cumpla el periodo de renovación de los dos nuevos ministros, a fin de que éstos no ganen más que el Presidente de la República”.
La Jornada Jueves 27 de agosto de 2009
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